Para evitar la catástrofe climática, la capacidad energética de carácter renovable debe triplicarse en los próximos seis años. Para ello será necesario destinar grandes extensiones de tierra a instalaciones solares y parques eólicos, además de una inversión anual global calculada en unos 4,5 billones de dólares a comienzos de la década de 2030 para construir esos proyectos. El sector privado desempeña un papel fundamental en esta transición energética, al igual que los Pueblos Indígenas, cuyas propiedades ancestrales abarcan aproximadamente la cuarta parte de la superficie terrestre, lo que sitúa a estos pueblos en la intersección entre la rápida expansión de las energías renovables y la necesidad de garantizar una transición que los reconozca como titulares de derechos fundamentales en este empeño. Para que la oportunidad de una transición justa sea una realidad, el compromiso del sector privado y del Estado con los derechos de los Pueblos Indígenas y con modelos empresariales transformadores diseñados para crear prosperidad compartida para y con los Pueblos Indígenas no es negociable. Estos modelos deben ajustarse a las prioridades de los Pueblos Indígenas que ellos mismos determinen. Este informe, elaborado conjuntamente por Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Centro de Información), examina los argumentos a favor de una transición a energías renovables centrada en los derechos, los intereses y la prosperidad de los Pueblos Indígenas, tal como ellos los determinen, con miras a una transición global que sea rápida por ser justa y sostenible. Basado en más de 40 entrevistas con Pueblos Indígenas, inversores y empresas de energías renovables de todo el mundo, el informe pone de relieve mediante ejemplos prácticos de participación en los beneficios y copropiedad, así como de experiencias vividas por los Pueblos Indígenas, la oportunidad de estos modelos empresariales y sus desafíos y riesgos. Existen ejemplos de buenas prácticas, como el Proyecto Okikendawt Hydro en Canadá y el Proyecto Geotérmico Tauhara North II Rotokawa A en Nueva Zelanda. Enfoques como los mencionados — basados en el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y con su participación significativa en la toma de decisiones— ponen de relieve los beneficios para todas las partes interesadas que se derivan del abandono de los enfoques abusivos de las industrias tradicionales de los sectores energético y extractivo: en otras palabras, las prácticas que alimentan los conflictos y ponen en peligro el apoyo público a la rápida implantación de proyectos de energías renovables y a la transición en su conjunto. Como revela este informe, no existe un modelo único de distribución de los beneficios con los Pueblos Indígenas que garantice una transición justa. Sin embargo, es indispensable el compromiso del sector privado y del Estado con tres principios fundamentales de la transición energética justa: prosperidad compartida, debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y negociaciones justas. Esto requiere su compromiso con procesos y prácticas básicos que reconozcan a los Pueblos Indígenas como socios igualitarios en la negociación, el diseño y la implementación de proyectos, garanticen el respeto de sus derechos, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y reconozcan el valor de los conocimientos, las experiencias, la gobernanza y los procesos de toma de decisiones indígenas. Esto, a su vez, constituye una base fundamental para cumplir la promesa que estos nuevos modelos pueden ofrecer.