El Estado de Honduras reconoce formalmente la existencia de nueve pueblos indígenas arraigados en su diversidad cultural: Lencas, Chortis, Nahuas, Tawahka, Miskitu, Afrodescendientes de habla inglesa, Tolupanes, Pech y Garífunas. Este reconocimiento se enmarca en las disposiciones legales vigentes en el país. El panorama demográfico revela que, según los datos estadísticos del último censo realizado en Honduras en el año 2013, aproximadamente el diez por ciento de la población hondureña, equivalente a 717,618 habitantes, se identifica como indígena. No obstante, la singularidad de este dato contrasta con la ausencia de políticas de desagregación étnica en los registros administrativos de las instituciones gubernamentales. A pesar de que Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que busca garantizar los derechos de los pueblos indígenas, persiste una deuda palpable con estas comunidades, como evidencian las recomendaciones emanadas de organismos internacionales. Esta deuda tiene sus raíces la falta del reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y sus instituciones como autoridades legítimas, así como en el respeto a sus títulos comunitarios y la salvaguarda de la seguridad alimentaria. La omisión en el aseguramiento de estos derechos, especialmente el de la autodeterminación, desencadena una serie de privaciones de otros derechos humanos, incluyendo el derecho al más alto estándar de salud posible, el derecho a la educación, el empleo, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la consulta previa, libre e informada, la participación en la vida pública, el acceso a la justicia, la libertad de expresión y el desarrollo económico y social en general. A continuación, se presenta un análisis de la información recabada en el marco del Navegador Indígena que deja entrever esta deuda del Estado de Honduras con los pueblos indígenas.